Un escándalo de corrupción sacude al municipio de Hispania, en el Suroeste antioqueño. José Artagnan Jaimes Jaime, exsecretario de Hacienda, fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía, señalado de haber desviado más de 3.700 millones de pesos de recursos públicos que estaban destinados a obras comunitarias.
Lo capturan tras orden judicial
La captura se produjo el martes 1 de julio en Sabaneta, donde residía el exfuncionario. Un juez de control de garantías había emitido la orden tras revisar las pruebas recolectadas por la Fiscalía, que incluyen registros de transferencias desde cuentas oficiales del municipio hacia tres cuentas personales del acusado.
Tras su detención, Jaimes Jaime fue presentado ante audiencias preliminares donde no aceptó los cargos imputados por peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. El juez determinó enviarlo a un centro carcelario mientras avanza la investigación.
¿De qué lo acusan? Movimientos bancarios irregulares y obras inconclusas
Entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, el exsecretario habría realizado giros y transferencias de manera virtual, sin los soportes ni anexos requeridos ni los registros en el sistema oficial de la Alcaldía. Esta presunta maniobra permitió, según la Fiscalía, apropiarse indebidamente de más de 3.700 millones de pesos.
El impacto en la comunidad es grave. Los dineros estaban destinados a proyectos esenciales como la sede administrativa municipal, la Casa de la Cultura, el Centro de Vida Día, una cancha deportiva y el puente Zarzagueta. Algunas de estas obras quedaron inconclusas o con deudas pendientes con los contratistas.
Denuncias y auditoría en camino
La alerta sobre las irregularidades surgió en la transición de gobierno municipal, cuando se revisaron las conciliaciones bancarias y se encontraron inconsistencias. A partir de la denuncia formal, la Fiscalía abrió un expediente por delitos contra la administración pública.
El caso ha generado indignación en Hispania y el Suroeste antioqueño. Mientras tanto, la Contraloría General de Antioquia anunció una auditoría especial para determinar el impacto del presunto desfalco y establecer otras posibles responsabilidades.
