Los servicios de movilidad ofrecidos a través de aplicaciones como Uber, DiDi, Cabify, Indrive, entre otros, llevan más de 10 años operando en el país sin regulación legal, lo que los convierte en un servicio considerado ilegal según el Código Nacional de Tránsito. Esto implica sanciones económicas para los conductores que utilicen sus vehículos particulares con este propósito.
En 2025, la multa por infracción D12, que aplica al transporte ilegal, aumentó de $1.299.990 a $1.423.500, equivalente a un salario mínimo mensual. Además, la reincidencia puede generar inmovilización del vehículo: 5 días por primera vez, 20 días por segunda y 40 días por tercera.
Aunque más de un millón de conductores operan bajo estas plataformas en Colombia, el marco regulatorio sigue sin avances, dejando en incertidumbre tanto a los conductores como a los usuarios que demandan alternativas de transporte.
